El Gobierno nacional aprobó un nuevo modelo de contrato de concesión para la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en un paso clave para avanzar en su proceso de privatización. La medida establece el marco que regirá la futura operación del servicio de agua y cloacas bajo gestión privada y redefine las condiciones de funcionamiento del sistema.
El esquema aprobado fija una concesión de largo plazo —de hasta 30 años con posibilidad de prórroga— y establece que la empresa continuará prestando el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, aunque bajo un modelo reorganizado y con nuevas reglas contractuales.
Entre los principales cambios, el contrato busca clarificar los derechos y obligaciones entre el Estado y el futuro operador privado, incorporando metas de inversión, mantenimiento y expansión del servicio. Además, introduce mecanismos de revisión tarifaria periódica y criterios para garantizar el equilibrio económico-financiero de la concesión.
La aprobación del contrato forma parte de un proceso más amplio de transformación de la empresa, que incluyó un plan de transición entre 2024 y 2026 para ordenar sus cuentas, actualizar tarifas y preparar el terreno para el ingreso de capital privado.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo esquema permitirá mejorar la eficiencia, atraer inversiones y asegurar la sustentabilidad del servicio en el largo plazo. Sin embargo, el avance de la privatización genera debate, tanto por el impacto en tarifas como por el rol del Estado en un servicio público esencial.
El próximo paso será avanzar con la licitación para incorporar un operador estratégico, en el marco de un proceso que podría incluir la venta de la mayoría accionaria de la compañía y que definirá el futuro del sistema de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
