El Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 ordenó la suspensión del protocolo implementado por el Municipio de San Isidro para la atención de interrupciones voluntarias y legales del embarazo, al considerar que incorporaba requisitos no previstos en la Ley Nacional 27.610 y que podían dificultar el acceso a ese derecho. La medida fue adoptada como respuesta a una acción cautelar presentada por Amnistía Internacional Argentina.
Según la resolución judicial, el protocolo municipal exigía instancias adicionales como entrevistas psicológicas obligatorias, intervención de equipos sociales y la ratificación de la decisión de interrumpir el embarazo. Además, concentraba la atención exclusivamente en el Hospital Materno Infantil, limitando la posibilidad de realizar estas prácticas en los centros de atención primaria de la salud.
El fallo dispuso dejar sin efecto esas disposiciones y ordenó que el Municipio garantice el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo conforme a la normativa nacional vigente, sin imponer condiciones adicionales. Desde Amnistía Internacional señalaron que la resolución representa un paso importante para asegurar el cumplimiento efectivo de la ley en el distrito.
La causa continuará su trámite judicial mientras se analiza el fondo de la cuestión, aunque la medida cautelar permanecerá vigente hasta que exista una resolución definitiva.
