El Vaticano confirmó la culpabilidad del sacerdote Damián Rodríguez Alcobendas, perteneciente a la Diócesis de San Isidro, por el delito de abuso sexual contra un menor, y ratificó sanciones canónicas que incluyen la prohibición de acercarse a menores y la restricción para ejercer funciones eclesiásticas o docentes, entre otras penas. La resolución fue comunicada por el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede tras rechazar la apelación presentada por el presbítero, consolidando así la condena administrativa dentro de la Iglesia.
El decreto vaticano establece que Rodríguez Alcobendas —de 68 años— no podrá desempeñar oficios eclesiásticos de ningún tipo, cargos directivos, funciones administrativas ni tareas de docencia en áreas teológicas o pastorales, y queda expresamente impedido de acercarse o asesorar a menores en cualquier ámbito, como parte de su castigo canónico. Además, la Santa Sede dispuso una prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal, y advirtió que en caso de incumplimiento se aplicará la sanción de dimisión del estado clerical.
La Iglesia diocesana sanisidrense también emitió un comunicado manifestando cercanía con la víctima y ofreciendo disculpas por el dolor causado, al mismo tiempo que extendió su compromiso para acompañar a otras posibles personas afectadas por situaciones similares y reafirmó su disposición a actuar con responsabilidad y respeto en estos casos.
Rodríguez Alcobendas había sido parte de distintas parroquias de la zona norte del Gran Buenos Aires a lo largo de su trayectoria sacerdotal, incluyendo la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta y otras funciones pastorales. El caso se llevó a cabo en el ámbito administrativo penal canónico de la Iglesia Católica, en paralelo al proceso que sigue el delito dentro de la estructura eclesiástica, motivo por el cual su sentencia no necesariamente tuvo un correlato penal en la justicia civil debido a la prescripción del hecho denunciado décadas después.
